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El Balneario Popular Rocas de Santo Domingo se compone de las ruinas de un complejo vacacional construido en el Gobierno de Salvador Allende en la orilla de la playa de Marbella, en la comuna de Santo Domingo. Desde su inauguración a fines del año 1971 hasta la actualidad, ha atravesado diferentes y contradictorios procesos históricos que han concluido, paradigmáticamente, en la aprobación de su declaratoria como monumento histórico el 12 de noviembre de 2014, casi exactamente un año después de su completa demolición y desmantelamiento. En el marco de la medida nº29 del programa inicial del Gobierno de la Unidad Popular “Educación Física y Turismo Popular”, se implementaron 16 complejos turísticos en diferentes playas a lo largo del país, con el objetivo de crear espacios de veraneo para las clases populares. Dirigido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), se desarrolló un diseño de cabañas prefabricadas que pudieran albergar grandes cantidades de veraneantes, complementadas por bodegas, canchas deportivas, jugos infantiles, cocina y comedores colectivos. En particular, el Balneario Popular Rocas de Santo Domingo alcanzó a ser utilizado en dos periodos de veraneo (1971-1972, 1972-1973). Luego del golpe militar de 1973, a través de un plan de inteligencia presentado a la Junta Militar por Manuel Contreras, en ese entonces director del Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, se enviaron integrantes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas a las instalaciones de este balneario para recibir instrucción y comenzar a estructurar lo que posteriormente sería el mayor organismo represivo durante los primeros años de la Dictadura Cívico-Militar, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El Balneario Popular Rocas de Santo Domingo se mantuvo bajo la propiedad de la DINA hasta que en el año 1978, luego de su disolución, pasó a manos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), siendo utilizada como lugar de vacaciones de su personal y en paralelo, según el relato de sobrevivientes del espacio, como centro de detención clandestino. Finalmente, no fue hasta 1990 que la propiedad pasó a manos de El Ejército de Chile, permaneciendo en estado de abandono y restringiendo su entrada al público. En noviembre de 2013, en una acción coordinada de la Municipalidad de Santo Domingo y El Ejército de Chile, el complejo vacacional que hasta ese entonces mantenía su estructura en pie, fue demolido y desmantelado, dejando solo los cimientos de las construcciones. Frente a este escenario, se agudizaron las acciones de sobrevivientes del sitio y otros actores simpatizantes para conseguir la protección de los cimientos restantes como monumento histórico. A partir de esto se conformó la Fundación por la Memoria San Antonio, organización que tras la declaratoria del inmueble como monumento histórico se ha encargado de su gestión y puesta en valor. En la actualidad, el recinto se encuentra en un evidente estado de abandono, sufriendo un constante deterioro por el avance de la naturaleza y el actuar humano, sumado a las restricciones de movilidad debido a la crisis sanitaria que impiden que la fundación gestora continúe con sus actividades frecuentes de limpieza y mantención.